ARTÍCULOS

IMPACTO DE LA
EXPANSION URBANÍSTICA
EN EL LITORAL GRANADINO

(Fernando Alcalde)

Retroceso histórico en la protección de la costa

El Congreso de los Diputados ratifica Tratado prohibición Bombas de Racimo

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El río Guadalfeo

"Guadalfines"

(EduardoVandoorne)

Entre dos mundos: de Órgiva a Busquístar

Fábrica del Rosario

“presas sin canales, y canales sin presas…”

Eduardo Vandoorne

La Asociación RAYYA viene denunciando los cambios efectuados por la Junta de Andalucía en relación a la gestión de la Cuenca Mediterranea Andaluza, en contra incluso de los propios Estatutos de la JA y de la legislación nacional y europea sobre la gestión del agua.

La anunciada y reclamada transferencia de la gestión del agua desde Madrid a Andalucía, no ha supuesto, en la realidad, nada más que el traspaso desde Málaga a Sevilla; y, además, de una forma chapucera y sin un modelo claro de gestión propia.

La Confederación Hidrográfica del Sur creada en 1927, es una de las más antiguas de España y ha gestionado los derechos de cientos de miles de usuarios y miles de Comunidades de regantes en una superficie de 18.000 km², bastante montañosa. Lo que supone un trabajo de verdaderos especialistas y conocedores de la realidad de Málaga, Granada y Almería, pasando por la Vega de Motril-Salobreña, y que no puede ser reemplazado por un mero sistema informático, ni con funcionarios teledirigidos desde Sevilla. Habiendo sido su gestión ejemplar y muy positiva desde 1927, a pesar de las, a veces, imposiciones caciquiles y políticas.

Será por todo ello que, cuando se traspasa la gestión en 2005 a la Junta de Andalucía, se deja todo prácticamente igual, incluso su sede en Málaga, y se rebautiza como “Cuenca Mediterránea Andaluza”, conservando todas sus atribuciones y su rango de Dirección General, lo que queda reflejado en el Decreto 55/2005 por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Andaluza del Agua.

¿Qué ha hecho la Junta en los últimos 4 años para toda esta parte sur de Andalucía?: NADA.

¿En Construcción de acequias?... ¿En saneamiento integral de la Costa del Sol?: NADA.

¿En reforestación de los montes para prevenir las avenidas?: NADA.

Cintia Castillo Jiménez
Consejera de Medio Ambiente

¿En regar las fértiles tierras de la cota 300 de Motril o de la Axarquía malagueña?: NADA.

¿Será que estas zonas situadas en la primera línea europea del turismo y de la producción de hortalizas extra-tempranas y de subtropicales no se lo merecen?

Y todo esto, a pesar de ser de las primeras en pagar impuestos y en generar divisas para equilibrar nuestro déficit comercial.

Y es que aquí, a pesar de la falta de obras de la Junta –mala madre, madrastra administrativa- se sigue trabajando con “lo que hay”, con “presas sin canales, y canales sin presas…”, como denunciaba don Joaquín Costa (padre de La gestión moderna del agua en España) hace ya más de un siglo.

Y por si fuera poco, además de no hacer obras que son urgentes y necesarias, ahora introducen una enorme inseguridad jurídica –nueva- en la gestión del agua.

Efectivamente, como es sabido, el día 2 de enero de 2009 finalizó el traspaso de la gestión y administración de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, sin que se haya aprobado una Ley Andaluza del Agua hasta la fecha; por lo que sigue totalmente en vigor la Ley de Aguas nacional que entre otras cosas, como hemos dicho más arriba, reconoce la categoría de Dirección General con sede en Málaga a la “Cuenca Mediterránea Andaluza” (antigua Confederación Hidrográfica del sur), amén de todas sus antiguas competencias.

Pues bien, el día 7 de ese mismo mes, la Junta de Andalucía, mediante un simple ACUERDO sin rango de ley (Acuerdo Andaluz por el Agua), suprime la mencionada Dirección General, con todas sus competencias, las cuales pasan a la Agencia Andaluza del Agua con sede en Sevilla, la cual estará gestionada por un director gerente que detentará la “dirección, coordinación, planificación y control de actividades bajo las instrucciones de la Presidencia”.

Como se aprecia fácilmente, un cambio en el modelo de gestión que lo hace más centralista, más alejado de los ciudadanos y sectores afectados, y menos participativo (el Consejo Andaluz del Agua creador de las llamadas “Bases del Acuerdo” ha sido calificado por organizaciones tan prestigiosas como ADENA, GREEN PEACE, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN o BIRDLIFE, como un órgano “…irregular e inoperante, donde apenas existe debate”).

Estas mismas organizaciones opinan que: “la política andaluza del agua es obsoleta, va en contra de la conservación de los ecosistemas acuáticos, no sigue los preceptos de la nueva directiva Marco del Agua de la Unión Europea… y utiliza el discurso medioambientalista sin llevarlo a la práctica.”

Por lo que respecta a las Comunidades de Regantes, asociadas en FERAGUA, su opinión sobre el Acuerdo Andaluz por el Agua es que “el ámbito de la Cuenca debe permanecer como ámbito físico imprescindible para la planificación y gestión hidráulica.”

FERAGUA también hace hincapié en las Directrices europeas, la Directiva Marco de Aguas, y en la “necesidad de realizar una transposición flexible de la DirectivaMarcoAguas, acorde con las peculiaridades climáticas y socio-económicas de las cuencas mediterráneas.”

En absoluto será así, puesto que el modelo elegido por la Junta se aleja de la gestión por Cuencas prevista en la Ley de Aguas y de la gestión local unitaria por cuencas prevista por Europa.

Por lo tanto, el acuerdo sin ni siquiera rango de Ley con el que la Junta de Andalucía pretende derogar una Ley Nacional y una Directiva europea, cuando afirma su intención de gestionar las Cuencas Hidrográficas lo más cerca posible de los ciudadanos, es una burla a la participación en la gestión y a los preceptos de la Directiva Europea así como a la propia Ley de Aguas nacional, en vigor, y que rigen en Andalucía.

La errónea decisión de la Consejera Cinta Castillo, tiene como consecuencia que un territorio de 1.800.000 hectáreas , de las más productivas de Andalucía en hortalizas extra-tempranas y frutos subtropicales, amén de otros muchos cultivos de alto valor social y laboral, se quede sin seguridad jurídica alguna.

La Asociación RAYYA de Málaga, ante esta situación, ha interpuesto un recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Medioambiente, y solicita el Cese de la Consejera y la vuelta a la situación anterior al Acuerdo, entre otras peticiones.

Por la Asociación Rayya para la Defensa de los Intereses Generales de Málaga, D. Eduard Vandoorne

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El Congreso de los Diputados ratifica el tratado de prohibición de las bombas de racimo Paso histórico que convierte a España en uno de los primeros estados en ratificar 18 de marzo de 2009
Ceremonia de apertura. Más de 100 Gobiernos participaron en la Conferencia Diplomática en la que se firmó el Tratado que prohíbe la fabricación, uso, venta y almacenamiento de bombas de racimo.	El pleno del Congreso de los Diputados ha ratificado hoy, por asentamiento, el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo. España se convierte así en uno de los primeros países en incorporar esta norma a su ordenamiento legal y da un paso muy importante hacia el objetivo de lograr treinta ratificaciones. Éste es el número necesario para que el Tratado entre en vigor y se convierta en norma del Derecho Internacional. Las organizaciones que trabajan para lograr esta prohibición valoran muy positivamente este paso y piden al Gobierno que anime a otros países a seguir su ejemplo para que el Tratado sea una realidad lo antes posible.
El Tratado fue firmado el pasado mes de diciembre en Oslo por 94 gobiernos, aunque hasta hoy sólo cinco lo habían ratificado. Con este paso, España se convierte en uno de los primeros en hacerlo, poniéndose a la cabeza en un proceso que va a llevar a que las bombas de racimo queden prohibidas a escala internacional. El Gobierno español ya había adoptado medidas unilaterales, prohibiendo de facto la fabricación y exportación de estas bombas, e iniciando la destrucción de los arsenales en poder del ejército español. Sin embargo no se puede minusvalorar el paso de la ratificación ya que es decisivo para que el Tratado se convierta en una realidad internacional. La Fundació per la Pau, Justicia i Pau, Greenpeace y el Moviment per la Pau han expresado su satisfacción por estos hechos. Ésta no es la única buena noticia en relación con este tipo de armamento en los últimos días. El día 11 de marzo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley que prohíbe exportar la inmensa mayoría de las bombas de racimo que se fabrican en aquel país. Sólo podrán exportarse las que tengan una tasa de error inferior al 1%, es decir, que menos de un 1% de sus submuniciones queden sin estallar en los territorios donde se usen. Además, se pide a los gobiernos receptores que no las utilicen en zonas donde haya población civil. Se trata de un giro radical en la política estadounidense en esta materia, que acerca a este país al camino elegido por la mayoría de la comunidad internacional, y que permite albergar más esperanzas de que finalmente puedan también sumarse al Tratado. Además, es relevante porque EEUU es uno de los principales vendedores de armamento en el mundo. Por ejemplo, parte de las bombas de racimo que Israel utilizó contra Líbano en el verano de 2006 eran de fabricación estadounidense. El Tratado que prohíbe la fabricación, almacenamiento, uso y venta de bombas de racimo es un paso histórico en materia de desarme. Fue firmado en diciembre de 2008 en Oslo por 94 gobiernos, y refleja el consenso de la comunidad internacional sobre que ciertos tipos de armas deben quedar prohibidos por su impacto indiscriminado en las población civil. Es el caso de las bombas de racimo, bombas “contenedor” que al ser lanzadas y abrirse expulsan entre decenas y cientos de submuniciones explosivas. Estas armas matan a los civiles durante los bombardeos y, después, ya que una parte de las submuniciones no estallan y permanecen sembradas sobre amplios territorios, actuando como minas antipersonales durante años, e incluso décadas, después de que los conflictos hayan terminado.

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Retroceso histórico en la protección de la costa

9 de febrero de 2009 Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas, Tenerife Sur,
Islas Canarias.

Los peores presagios de las organizaciones ecologistas podrían cumplirse. Tal y como ha publicado el diario El País, la protección costera puede sufrir un fuerte varapalo con la introducción de una enmienda a la Ley de Navegación Marítima que debilita substancialmente la Ley de Costas.

Destrucción a toda costa, 2008. Playa de las Américas,

Tenerife Sur, Islas Canarias.

Tras conocer las intenciones del Ministerio, el pasado 8 de enero de 2009, Greenpeace y WWF España transmitieron a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, su malestar por no haber sido informados de la reforma de una ley que afecta directamente al medio costero y marino. En el escrito a la ministra, ambas organizaciones reclamaban que el proyecto de Ley General de Navegación Marítima fuera sometido a consulta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (1), aunque la sólo obtuvieron el silencio por respuesta.

“Ni en los peores tiempos de abandono de las políticas medio ambientales nos habíamos encontrado con una situación como ésta” ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Nunca pensamos que el retroceso de las políticas de Zapatero fuera tan grande como para que el Ministerio escamoteara el paso de una ley de afección directa al medio natural por el Consejo Asesor de Medio Ambiente”, ha añadido López de Uralde.

La modificación de la Ley de Navegación afectará directamente a la Ley de Costas en tanto en cuanto que permitirá que los propietarios de viviendas (con concesiones de hasta 60 años) situadas en dominio público marítimo-terrestre puedan venderlas, lo que retrasará la recuperación de los terrenos por parte del Ministerio, y desvirtúa por completo el objetivo genuino de la Ley, por lo que, según López de Uralde, “resulta lamentable que el Ejecutivo de Zapatero acabe con todos los esfuerzos de protección de la costa emprendidos en la anterior legislatura y, además, lo haga a escondidas”.

Además, el 22 de enero de 2009, las cinco principales ONG de medio ambiente, Greenpeace, SEO /BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y WWF España, se dirigieron por escrito al Ministerio de Justicia informándole de la necesidad de cumplir con la normativa vigente sobre participación pública y derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, regulados por el Convenio de Aarhus y Ley 27/2006. Las organizaciones también expusieron la necesidad de contar con las ONG medioambientales para la elaboración de los instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general que afectan al medio ambiente, como era el caso de la Ley General de Navegación.

Nota

1. El objeto del Consejo Asesor de Medio Ambiente es la participación en la elaboración y seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, y es el lugar de encuentro y participación de los sectores sociales y económicos relevantes. En ningún momento, los grupos ecologistas han podido hacer llegar sus dudas sobre temas de vital trascendencia para el medio marino como la seguridad de la navegación, la lucha contra la contaminación o la seguridad de los buques.

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Obama y nuestras renovables

Hace unos días, Obama hizo unas declaraciones ensalzando las renovables españolas.Foto: Agencia

Obama ha sido por fin aclamado Presidente de Estados Unidos. Escribo "aclamado" porque eso es lo que ayer ocurrió en Washington. Sin duda un día histórico, y un día para la esperanza para toda la humanidad, y para el Planeta. Nunca antes en un discurso de investidura habíamos escuchado referencias tan claras a la lucha contra el cambio climático, a través de las fuentes limpias de energía.

JUAN LÓPEZ DE URALDE - La alabanza hacia las energías renovables en España, de mano del ya Presidente de Estados Unidos fue un gran espaldarazo a un sector que está consiguiendo sacar la cabeza del agua entre múltiples dificultades. Me gusta que el Presidente de Estados Unidos nos dé una palmada en la espalda por nuestras energías renovables, en vez de por meter al país en la guerra de Irak. Prefiero que nos valoren en el mundo por desarrollar las energías limpias, que por las sucias.

El momento elegido para hacer esa declaración tampoco fue baladí. Sólo unos días antes de ser elegido Presidente. Precisamente cuando el interés del mundo por lo que dice Obama es más alto. Cuando más gente está escuchando.
Ciertamente nuestras renovables despegan con fuerza. Lo ha hecho la eólica, que en 2008 ha supuesto ya el 11% del total de la energía eléctrica consumida en España; lo ha hecho la fotovoltaica, que también ha batido récords de potencia instalada en 2008; la solar termoléctrica va a ver nuevas plantas entrando en funcionamiento en los próximos años... y así sucesivamente.

Aprovecho para recordar que al ministro Sebastián, sin embargo, no parecen gustarle demasiado las energías renovables. Dicen que él prefiere la nuclear, y por eso ha puesto diversos obstáculos legales al desarrollo de la solar que dificultarán el despegue de, por ejemplo, la fotovoltaica.

Espero que la declaración de Obama sirva para abrir los ojos de muchos paisanos que todavía no son conscientes de lo importante que está siendo para España el desarrollo de las energías renovables. Debemos mantener y ampliar ese liderazgo.

Los años por delante tienen ahora un matiz diferente. Como dijo Saramago, el discurso de Obama nos vuelve hacer creer que "otro mundo es posible"

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IMPACTO DE LA EXPANSION URBANÍSTICA
EN EL LITORAL GRANADINO

Fernando Alcalde Rodríguez

Decía Pío Baroja que si Dios existe, en los pueblos habita en los solares. Efectivamente, hemos asistido en nuestro país a una explosión inmobiliaria sin precedentes; en los últimos años el número de viviendas construidas ha crecido más que la suma de Francia, Alemania y Reino Unido. En Andalucía este ritmo es aún mayor, con un crecimiento superior a la media de España. En contraste con esta situación, más de 3 millones de viviendas están sin ocupar, con tres provincias andaluzas, entre ellas Granada, entre las 10 primeras.

No obstante, este ritmo de crecimiento no responde a ninguna necesidad demográfica. En el periodo 1990-2000, la población creció en un 5% mientras que el suelo urbanizado lo hizo en un 25,4%. Curiosamente, este aumento del parque de viviendas no ha repercutido en la bajada de precios; todo lo contrario, pues en la última década el precio se incrementó en un 207%.

El litoral y las áreas metropolitanas son, sin duda, las más afectadas por esta situación. Más de la mitad del litoral andaluz se encuentra urbanizado. Municipios como Torremolinos o Benalmádena han ocupado el 100% de su territorio y otros como Marbella lo hacen en el 95%.

En términos de eficiencia medioambiental el sector no sale mejor parado. De acuerdo con los datos del Informe de Sostenibilidad de Andalucía 2005, el sector de construcción es uno de los peor situados. Así, mientras que el sector turístico, ligado al desarrollo urbanístico costero, incrementó su consumo de agua en un 128% y los residuos generados en un 162%, el gasto turístico lo hizo en un 98% y el VAB tan sólo en el 29%.

El caso de la Costa de Granada no se aparta de esta situación. El término municipal de Motril ha clasificado en su recientemente aprobado PGOU más de 4 millones de metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el equivalente al suelo actualmente construido. Sin embargo, este hecho es superado por las pretensiones de Almuñecar que ha propuesto 35.000 nuevas viviendas en su Aprobación Inicial o el resto de los municipios de la Costa Tropical cuyas expectativas se elevan a casi 100.000 nuevas viviendas, muchos de ellos en la comarca de la Contraviesa , a pesar de haber tenido importantes restricciones de agua durante este verano y que, sin embargo, no cejan en solicitar la instalación de campos de golf con sus residenciales adosados.

En términos ambientales el crecimiento inmobiliario de la Costa de Granada produce destrucción de suelo, pérdida de acuíferos, desaparición de espacios naturales, degradación de los servicios ambientales y deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Para abastecer a las ciudades son necesarias importantes obras hidrológicas (como la presa de Rules) que afecta a la dinámica litoral y a la recarga de los acuíferos costeros. La sobrepoblación que pretenden impulsar los Ayuntamientos a fin de llenar sus arcas con las nuevas licencias urbanísticas, produciría un aumento de residuos, una nueva saturación de las infraestructuras de transporte, una insuficiencia de las estructuras energéticas y la contaminación de las aguas litorales, además del desbordamiento de las actuales instalaciones de saneamiento.

Por otra parte, la construcción de una gran cantidad de viviendas dirigidas a segunda vivienda para sectores adinerados de dentro y fuera de la comarca, produciría el encarecimiento del precio de la vivienda, que ya es inaccesible para buena parte e la población..

¿A quien interesa pues el auge de este sector?

Está claro que a los promotores y otros grandes especuladores del suelo, que han comprado todo el suelo urbanizable y más.

Conviene por tanto, empezar a trabajar sobre cómo abordar este complejo problema, sobre sus síntomas, efectos y causas.

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